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Cancelan registro a empresas de seguridad privada

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) canceló el registro a 20 empresas de seguridad privada y suspendió, de uno a cuatro meses, a cuatro más, por incumplir con lo establecido en la Ley para la Prestación de Servicios de Seguridad Privada.
De acuerdo con información publicada en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, son cuatro las empresas a las que se les suspendió el registro por incumplir la norma. Se trata de las empresas Sercurezza que se le suspendió por tres meses, SLV Servicios Productivos por un mes, María del Carmen Fernández Pérez, también por un mes, y Servicios Empresariales Maykino que fue suspendida por cuatro meses.
Los motivos de la cancelación temporal del registro tienen que ver con presentar informes incompletos, no coadyuvar con las autoridades o presentar una revalidación extemporánea.
Además, son 20 empresas a las que se les canceló el registro como empresa privada de seguridad pública, entre las que están Promotora Integral Seghig, Leydi Marisela Chan, Aryoda, Hina Mercy Sosa Aguilar, Multiproductos de Seguridad Privada, Porfirio Díaz Sánchez, Janet Adriana Beytia González, Marco Antonio Martínez Carrillo, Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad y Otros.
También, Seguridad Privada y Prevención de Pérdidas del Sureste, Cecilia Eugenia Fernández Carrillo, Enlaces servicios Corporativos de Alta Calidad, Diego Sosa Cantillo, Yasmin Guadalupe Jiménez Ramayo, Cyber Black, Grupo Magav del Sureste, Serviseg, Guardias del Mayab, SPS Baja Services y Nivel Delta.
La mayoría a la que se le suspendió su registro es por reincidencia en no presentar informes mensuales, así como algunos por alteración de documentos entregados.


Además, son 98 las empresas de seguridad privada que sí cumplieron con lo que marca la Ley al momento de la revisión y aparecen con el estatus de registradas, revalidadas o refrendadas.
Desde el 2017, cuando se hicieron reformas a la Ley para la Prestación de Servicios de Seguridad Privada, se estableció que este tipo de empresas serían reguladas por al SSP y no por la Fiscalía General del Estado, por lo que se hacen revisiones permanentes.
Entre otras cosas, deben contar con un mínimo de 20 empleados, así como con el material y equipo necesarios para realizar su labor, así como rendir informes, además de otras disposiciones para mantener su registro y poder seguir funcionando.

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