Con el amparo otorgado a la agrupación Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva (SHSSR), el Congreso del Estado de Yucatán está obligado a modificar el Código Penal y eliminar los artículos que impiden el aborto legal en la entidad, labor que tocará ya a la próxima Legislatura que entra en funciones en septiembre.
La coordinadora jurídica, Amelia Ojeda Sosa, expuso que en 2021 se presentó la demanda de amparo en contra de estos amparos del Código Penal que representan un obstáculo para ofrecer ese servicio a sus usuarias sin temor a ser criminalizadas.
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió otorgando el amparo y siguiendo los precedentes sobre los Códigos Penales de Aguascalientes y el Federal, se ordenó al Congreso de Yucatán la derogación de los artículos que prohíben de forma absoluta el aborto voluntario.
Amelia Ojeda dijo que una vez que se haga la notificación, el Congreso local debe iniciar el proceso legislativo y votar a favor la derogación de los artículos del Código Penal, lo que ya tocaría a la próxima Legislatura que arranca en septiembre próximo.
“Esta resolución es un paso antes de la modificación del Código Penal y el Congreso tiene que cumplir con esta orden de la Corte y ya después podríamos decir que se completó el procedimiento y que no haya necesidad de recurrir a otras estrategias o recursos”, indicó.
PENDIENTES
Confió en que el nuevo Congreso yucateco sacará los pendientes que hay y acatará la orden de la Corte, pues se debió modificar el Código Penal desde que en el 2021 la SCJN sentó un precedente en este sentido.
“De hecho, se presentó el amparo aprovechando el precedente; a través de las organizaciones se han seguido diversas estrategias, amparos, demandas por omisión legislativa del Congreso, y una de ellas fue este amparo y se solicitó la atracción de la Corte en la revisión, porque el Juez de Distrito negó el amparo; la primera sala lo atrajo y ya se resolvió de manera favorable”, explicó.
Añadió que esta resolución tiene efectos generales, es decir, que no solamente se busca beneficiar a quien interpuso el amparo, sino que se extiendan al ordenar que se deroguen los artículos del Código Penal, va a beneficiar a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Reiteró que el Congreso yucateco tendrá la obligación porque la resolución de la Corte es una orden directa, es de observancia obligatoria.
