Congreso del Estado de Yucatán aún no define calendario para analizar la glosa
Sin existir un calendario preciso para el desarrollo de la glosa del Sexto Informe de Gobierno, se anticipa que el proceso se realice antes de que concluya septiembre.
El informe, que corresponde al último año de la administración de Mauricio Vila Dosal, fue recibido formalmente por la LXIV Legislatura el pasado domingo.
De acuerdo con la Constitución de Yucatán, el gobernador debe rendir cuentas con un informe final en septiembre, lo que marca el cierre del ciclo de sus informes anuales.
El documento será el primero que recibe la actual Legislatura, por lo que el análisis de su contenido será responsabilidad de los ahora 35 diputados, en lugar de los 25 de legislaturas anteriores, esto debido al aumento en el número de representantes que por ley se autorizó.
El Congreso del Estado, siguiendo el mandato constitucional, recibió el informe de manos de los representantes del Ejecutivo estatal.
La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Neyda Pat Dzul, indicó que el documento será distribuido entre los legisladores en los próximos días para iniciar el proceso de estudio y glosa. El procedimiento, según lo estipulado, debe completarse antes de finalizar el mes.
El siguiente paso en el proceso es que la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), que preside el diputado Wilmer Monforte Marfil, organice y coordine la glosa del informe.
Durante esta etapa, se invitará a los secretarios y funcionarios del Gobierno estatal a comparecer ante el Congreso para ampliar la información y resolver cualquier duda que los legisladores puedan tener.
Aunque la ley establece que la glosa debe realizarse en febrero para los informes presentados en enero, el ciclo de documentos en el último año de una administración incluye un informe adicional en septiembre, lo que permite una evaluación más completa de las acciones gubernamentales antes de concluir la administración estatal.
Con la recepción del informe pormenorizado, el Poder Legislativo inicia un periodo crucial para evaluar y supervisar el desempeño del Gobierno estatal en su último año, cumpliendo con los requisitos constitucionales y asegurando una revisión exhaustiva de la documentación.
