Protestan mujeres contra deudores alimentarios afuera de los Juzgados Familiares

Un grupo de mujeres se manifestó afuera de los Juzgados Familiares para exigir una respuesta más efectiva frente a los deudores alimentarios. Durante la protesta, las manifestantes colocaron un tendedero en el que expusieron a aquellos padres que no cumplen con su obligación de pagar la pensión alimenticia a sus hijos. De acuerdo con las activistas, menos del 34 por ciento de las demandas han sido pagadas, pese a las denuncias públicas. Sin embargo, consideran que la vergüenza ocasionada por este tipo de actos ha sido un factor clave para que algunos deudores finalmente cumplan con sus responsabilidades.

“A través de las ‘funas’ la vergüenza los alcanza y pagan la pensión alimenticia”, declaró Siloé Fuentes Cardeñas, representante de la Ley Sabina contra deudores alimentarios Mérida. La activista explicó que esta medida se realiza de forma periódica debido a la falta de seguimiento por parte de los jueces encargados de los casos. Según su denuncia, hay expedientes que llevan más de 20 años sin una resolución justa para los menores afectados.

Fuentes Cardeñas también destacó que, en los dos años y medio que ha estado al frente de la agrupación, se han registrado más de mil 200 casos de mujeres que buscan el pago de la pensión alimenticia. De estas demandas, actualmente se mantienen activas 120, de las cuales solo 40 han logrado resolverse después de que los deudores fueron expuestos públicamente, lo que representa menos del 34 por ciento de efectividad.

“Se podría acortar el tiempo de espera si los jueces revisaran con más detalle los expedientes y priorizaran aquellos que tienen infancias en los casos”, señaló la activista, quien también recordó a los padres que las necesidades de los hijos, como la alimentación, son diarias.

A pesar de algunos avances, Fuentes Cardeñas lamentó que la pensión alimenticia no cubra ciertos gastos esenciales, como medicinas, consultas médicas, útiles escolares y ropa, lo que deja a las madres enfrentando una carga económica aún mayor. “Se trata de violencia económica y la sufren las mamás, los niños y las niñas, quienes además son sometidos a violencia psicológica por estos procesos”, agregó.

Finalmente, expresó su esperanza de que el próximo gobierno, que ha manifestado su compromiso con las infancias y las mujeres, implemente cambios en el sistema judicial que permitan una resolución más rápida y justa en estos casos.