
Un juez federal bloqueó temporalmente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pone fin a la garantía constitucional de la ciudadanía por derecho de nacimiento, independientemente del estatus migratorio de los padres.
El juez federal John C. Coughenour falló en el caso presentado por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón, que argumentan que la 14 Enmienda y la jurisprudencia del Tribunal Supremo han cimentado la ciudadanía por derecho de nacimiento. Además, calificó la orden ejecutiva de “descaradamente inconstitucional”.
El caso es una de las cinco demandas presentadas por 22 estados y varios grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes en todo el país. Las demandas incluyen testimonios personales de fiscales generales que son ciudadanos estadounidenses por derecho de nacimiento, y nombran a mujeres embarazadas que temen que sus hijos no se conviertan en ciudadanos estadounidenses.
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Firmada por Trump el día de la toma de posesión, la orden está programada para entrar en vigor el 19 de febrero. Podría afectar a cientos de miles de personas nacidas en el país, según una de las demandas. En 2022, hubo unos 255 mil nacimientos de niños ciudadanos de madres que vivían en el país ilegalmente y unos 153 mil nacimientos de dos de esos padres, según la demanda de cuatro estados presentada en Seattle.
Estados Unidos es uno de los 30 países en los que se aplica la ciudadanía por derecho de nacimiento, el principio del jus soli o “derecho del suelo”. La mayoría se encuentran en el continente americano, y entre ellos figuran Canadá y México.
Las demandas argumentan que la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza la ciudadanía a las personas nacidas y naturalizadas en el país, y los estados llevan un siglo interpretando la enmienda en ese sentido.
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Ratificada en 1868 tras la Guerra Civil, la enmienda dice: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”.
La orden de Trump afirma que los hijos de no ciudadanos no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos, y ordena a las agencias federales que no reconozcan la ciudadanía a los niños que no tengan al menos un progenitor ciudadano.
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