Descalifican cifra de violencia doméstica

Observatorios independientes de atención a grupos vulnerables descalificaron las cifra de 327 casos de violencia intrafamiliar durante 2023 en el estado que presentó el sistema de Vigilancia Epidemiológica del sector Salud federal.

Defensoras de género y abogadas en materia familiar señalaron que hay una cifra no registrada en los anaqueles oficiales sobre el violencia casera al haber reclasificación en ministerios públicos, revictimizaciones, falta de denuncias y desistimientos obligados

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es aún más conservador al señalar 162 casos de violencia familia en Yucatán entre enero y noviembre del año pasado. Así como ocho feminicidios.

La abogada de materia familiar y participante del colectivo “Ni Una Más”, Laura Arriaga Novelo, explicó que las instancias oficiales sustentan las cifras de la materia en cuestión con base en denuncias que se llevan a la acción judicial, pero no consideran aquellas cortadas en el proceso por desistimiento obligado, retractación de declaraciones bajo amenaza, abusos en los ministerios públicos o retraso deliberado de las carpetas de investigación.

Aún más, comentó, los padres o madres agresores de sus hijos se justifican, protegen, modifican los hechos, niegan la acción, tergiversan la realidad a los menores agredidos (“tu papá te castigó porque eres muy desobediente”) o sobornan a las autoridades para no llegar a la contabilidad real y enfrentarse a la acción penal.

“En nuestra experiencia de bufete y colectivo contra el abuso en el entorno familiar puedo afirmar que esos números no son ni la mitad de la realidad. Una servidora atiende al mes dos o tres casos de violencia contra niñas, mujeres, ancianos y sí, también de hombres adultos, víctimas de maltrato dentro del entorno familiar, entonces sugerir 327 casos es irreal, se recarga en el entorno urbano, pero no hay una estadística fidedigna de las comunidades rurales”, indicó la activista.

Arriaga expuso que la situación puede ser peor en poblaciones marginales del interior del estado donde no se cuenta con oficinas de atención a la violencia en kilómetros, si son comunidades mayas tampoco hay intérpretes para auxiliar a una víctima en el proceso de denuncia y prevalece la costumbre de normalizar la agresión física o verbal por parte del mayor de la familia hacia esposa e hijos.

“Es que resulta inconcebible que por vender la idea de que estamos en el edén de la paz nos avienten esas cifras que están rasuradas como en todo el país. Es más cómodo para los órdenes de gobierno fingir que la violencia en todas su expresiones va a la baja a tomar caso por caso hasta las últimas consecuencias y aquí hablo de todos los niveles de gobierno, el municipal por tratarse del primer contacto ciudadano, el estado porque tiene la obligación de instrumentar políticas y presupuestos, hablando del Ejecutivo y el Poder Judicial que aún tiene el rezago histórico por atender estos casos que no llegan a la contabilidad real”, concluyó.

Fabio Fuentes