Gobierno israelí aprueba destitución de la fiscal general entre protestas y cuestionamientos legales
La salida de Gali Baharav Miara profundiza la crisis institucional en Israel y enfrenta al gabinete de Netanyahu con el poder judicial
El gabinete israelí aprobó por unanimidad la destitución de la fiscal general Gali Baharav Miara, decisión que ha generado protestas ciudadanas y una impugnación ante el Tribunal Superior de Justicia. La medida no podrá aplicarse hasta que se revise su legalidad.
El Gobierno de Israel ha aprobado este lunes la destitución de la fiscal general Gali Baharav Miara, en medio de un clima de tensión creciente entre el gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu y el aparato judicial del país. La decisión, tomada de forma unánime por los 22 ministros presentes —sin la participación de Netanyahu ni de la propia fiscal— ha generado una fuerte reacción tanto en el ámbito político como social.
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El ministro de Justicia, Yariv Lenin, fue el encargado de anunciar la decisión mediante un comunicado breve publicado en redes sociales. Por su parte, el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, quien ya había pedido la remoción de Baharav Miara desde noviembre de 2024, exigió el nombramiento inmediato de una nueva titular, argumentando que el vacío legal podría ser ocupado por “interpretaciones jurídicas infundadas”.
Karhi incluso fue más allá y sugirió que se presentaran cargos contra la fiscal por “fraude y abuso de confianza”. La fiscal, en tanto, calificó su remoción de “ilegal” y denunció que su deber es marcar los límites legales al Ejecutivo, no obedecer órdenes políticas.
Frente a la decisión del gabinete, el partido opositor Yesh Atid, encabezado por Yair Lapid, presentó una solicitud ante el Tribunal Superior de Justicia para frenar el cese. La diputada Karine Elharrar expresó que el gobierno “ha renunciado al Estado de derecho” y afirmó que lucharán por preservar la democracia en Israel.
El máximo tribunal israelí dictaminó que la destitución no puede hacerse efectiva de inmediato y que se requiere tiempo para una revisión judicial adecuada, lo que detiene momentáneamente la aplicación de la medida.
La fiscal general ha sido una de las principales voces críticas frente a ciertas decisiones del Ejecutivo, lo que ha llevado a sectores oficialistas a acusarla de actuar con motivaciones políticas.
