Tribunal de Justicia Administrativa de Yucatán suma cerca de 550 asuntos revisados en 2025

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán (TJAY) registra, al mes de noviembre de este año, alrededor de 550 casos revisados, con la expectativa de cerrar el ejercicio con aproximadamente 600 asuntos atendidos antes del periodo de receso que inicia el próximo 15 de diciembre, informó el magistrado presidente, Rafael Rodríguez Méndez.

En entrevista, el titular del tribunal explicó que el volumen de trabajo de este año se mantiene dentro de los parámetros normales, en comparación con otros periodos. Detalló que, aunque en 2024 se presentó un comportamiento atípico al superar los 700 casos, en 2025 la cifra disminuyó ligeramente, pero sin salirse de la métrica histórica del órgano jurisdiccional.

“Hoy podemos hacer un corte al mes de noviembre con alrededor de 550 casos. Consideramos llegar a unos 600 muy probablemente antes del 15 de diciembre, que es cuando entramos en receso. En términos generales, estamos en cifras similares a otros años”, señaló Rodríguez Méndez.

En cuanto al tipo de asuntos que llegan al tribunal, el magistrado precisó que cerca del 40 por ciento corresponde a multas, permisos y negativas de permisos emitidas por ayuntamientos, dependencias del Gobierno del Estado y entidades como la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Seguridad Pública, así como áreas de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida. Estos casos incluyen negativas o revocaciones de licencias y sanciones administrativas.

Otro segmento importante lo integran los juicios contenciosos administrativos, en los que ciudadanos o empresas impugnan actos de autoridad. Entre los ejemplos más comunes se encuentran la falta de inscripción de escrituras en el Registro Público de la Propiedad o la omisión de respuesta por parte de alguna dependencia estatal o municipal.

Asimismo, entre el 15 y el 20 por ciento de los asuntos que se atienden en el tribunal corresponden a procesos de mediación, mecanismo que ha cobrado especial relevancia, sobre todo en materia laboral administrativa.

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Rodríguez Méndez explicó que, conforme a la legislación vigente, los conflictos laborales de las corporaciones policiacas del estado y de los municipios se tramitan como asuntos administrativos, debido al carácter de confianza que tienen estos cargos. Por ello, cuando un elemento es separado de su función, no procede la reinstalación, sino la indemnización correspondiente.

“Muchas veces, por falta de conocimiento, estos temas se van acumulando y se convierten en una bola de nieve. Un asunto que pudo resolverse con una indemnización pequeña, con el paso de los años se vuelve mucho más costoso y termina afectando seriamente a los municipios, sobre todo a los más pequeños”, advirtió.

Ante este panorama, el tribunal funge como facilitador para lograr acuerdos entre las partes. El magistrado explicó que, cuando los ayuntamientos lo solicitan, se realizan citas en las que participan las autoridades municipales, el policía o expolicía involucrado y el propio tribunal, que da fe pública del convenio alcanzado. Dichos acuerdos tienen fuerza de sentencia y deben cumplirse en los términos establecidos.

En materia de responsabilidades administrativas, Rodríguez Méndez informó que durante este año la Auditoría Superior del Estado (ASEY)remitió tres expedientes, los cuales aún se encuentran en proceso de análisis. Además, existen dos o tres casos más que podrían resolverse mediante sentencia en los primeros meses del próximo año.

Finalmente, el magistrado presidente confirmó que durante el año también se atendieron asuntos relacionados con clausuras de obras, principalmente en municipios, incluyendo casos de gasolineras y situaciones específicas en la zona oriente del estado, como conflictos vinculados a actividades de artesanos en las cercanías de Chichén Itzá. En varios de estos casos, las clausuras se originaron por incumplimiento de permisos o por la revocación irregular de autorizaciones a particulares.