Yucatán Oficializa Ley para la Protección e Inclusión de Personas con Autismo
La nueva normativa establece acciones obligatorias para garantizar atención, inclusión y no discriminación.
Yucatán publicó de manera oficial la nueva Ley para la Atención y Protección de las Personas con Autismo, con lo que la normativa entra en vigor y se incorpora al marco legal del estado.
El decreto fue difundido en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, dando validez jurídica a la ley que establece obligaciones y acciones para garantizar la atención, inclusión y respeto de los derechos de las personas dentro del espectro autista.
La nueva legislación reconoce al autismo como una condición de vida y no como una enfermedad, y establece que las autoridades estatales y municipales deberán implementar políticas públicas para asegurar el acceso a servicios de salud, educación, empleo y participación social en condiciones de igualdad.
Entre los principales puntos de la ley se encuentra la detección y atención temprana, así como la capacitación obligatoria del personal médico, educativo y administrativo que tenga contacto directo con personas autistas.
También se contemplan ajustes razonables en escuelas, hospitales y dependencias públicas para eliminar barreras que limiten su desarrollo o atención.
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La normativa prohíbe cualquier acto de discriminación, exclusión o negativa de servicios por motivo de autismo, ya sea en instituciones públicas o privadas, y establece que este tipo de conductas podrá ser sancionado conforme a la legislación vigente.
Asimismo, la ley prevé la creación de una Comisión Intersecretarial que coordine acciones entre las distintas dependencias del gobierno estatal, así como la puesta en marcha de un Centro Estatal para el Autismo, el cual brindará diagnóstico, orientación y atención integral a personas dentro del espectro y a sus familias, sin restricción de edad.
De acuerdo con lo establecido en el decreto, las disposiciones de la ley entrarán en operación de manera gradual, con un periodo de adecuación para que las autoridades emitan reglamentos, definan programas y asignen los recursos necesarios para su correcta aplicación.
