Los juzgados de oralidad familiar y tradicionales del Poder Judicial en Mérida fueron incorporados al Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA) lo que permitirá acelerar la investigación financiera de obligados alimentarios y reducir los tiempos de respuesta.
Ahora, los plazos de atención de requerimientos que antes llevaban meses podrán resolverse en 15 días hábiles.
En una ceremonia celebrada en el Tribunal Superior de Justicia, la Magistrada Presidenta María Carolina Silvestre Canto Valdés, entregó a juezas y jueces de la materia familiar en Mérida de las contraseñas del sistema integral, que permitirá una respuesta más corta de las instituciones financieras incorporadas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
De esta forma los jueces de lo familiar podrán conocer en el tiempo reducido los estados de cuenta y otros instrumentos financieros de los obligados alimentarios, en beneficio de acortar un procedimiento largo, aprovechado por los padres deudores para alargar o encubrir la responsabilidad.
Acompañada de la magistrada Sary Eugenia Ávila Novelo de la Sala Colegiada Civil y Familiar, junto con la consejera de la Comisión de Desarrollo Institucional María Ely Farfán Flores, la titular del Poder Judicial entregó contraseñas del SIARA a juezas y jueces de oralidad familiar del turno matutino y vespertino de Mérida.
El SIARA es una herramienta digital avanzada que facilita el envío de solicitudes de información en casos jurisdiccionales relacionados con pensiones alimenticias, disolución de sociedades conyugales, sucesiones y otros temas.
Esta implementación evitará el ocultamiento de ingresos reales a la autoridad judicial y se realizará gradualmente en las materias civil, mercantil y penal, como parte del Plan Estratégico del Poder Judicial.
La capacitación previa por parte del personal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores permitirá que estos profesionales operen eficientemente el sistema.
Esta medida, señalaron, fortalece la impartición de justicia y consolida el ejercicio de derechos, disminuye el tiempo de respuesta de las solicitudes de información de los órganos jurisdiccionales y garantizar una pronta resolución de sentencias.
Entre los beneficios adicionales de esta implementación se encuentra la reducción de costos en papel, mensajería y transferencia en tiempo real de los requerimientos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Asimismo, ofrece mayor seguridad en el tratamiento de la información en comparación con el manejo físico y reduce el tiempo en el proceso de dictaminación y publicación del requerimiento a las entidades financieras.
