Ajustan proyecto de Ley de Amparo 2025 tras audiencias públicas en el Senado
Comisiones legislativas afinan cambios clave sobre interés legítimo, juicios digitales y reglas fiscales
El Senado consensuó modificaciones a la reforma de la Ley de Amparo 2025, que incluyen la digitalización de procesos, la ampliación de plazos judiciales y ajustes en materia fiscal. El dictamen será discutido este miércoles y podría llegar al pleno en la misma jornada.
Reforma con ajustes tras consulta pública
Tras un proceso de revisión en el Senado, las comisiones de Justicia, Estudios Legislativos y Hacienda acordaron cambios al proyecto de reforma presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que también toca el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
El objetivo de los ajustes es modernizar los procedimientos de amparo, fortalecer la protección de derechos, agilizar juicios y ofrecer mayor certeza jurídica a la ciudadanía.
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Interés legítimo y digitalización de juicios
Uno de los cambios centrales es la redefinición del “interés legítimo”. Con la reforma, una persona podrá promover un amparo por afectaciones individuales o colectivas, incluso si el daño aún no se ha materializado. Esto busca evitar amparos sin conexión real con un riesgo o perjuicio.
Además, el proyecto introduce la digitalización como regla general: promociones electrónicas, notificaciones digitales y consulta de expedientes en línea a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Las autoridades deberán usar obligatoriamente el sistema, mientras que para particulares será opcional. El Órgano de Administración Judicial tendrá hasta 360 días para adecuar la plataforma electrónica.
Cambios procesales y fiscales
El dictamen amplía de 60 a 90 días naturales el plazo máximo para dictar sentencia en juicios de amparo indirecto. También se otorgan cinco días —en lugar de tres— para que los procesados en materia penal puedan presentar garantías que aseguren su libertad personal.
En materia fiscal, se establece que para suspender el cobro de un crédito fiscal confirmado será obligatorio entregar una garantía en forma de billete de depósito o carta de crédito bancaria. Una vez firme el crédito, no podrán interponerse recursos para detener su cobro ni alegar prescripción.
Sanciones y mínimo vital
El Senado descartó imponer nuevas sanciones penales o administrativas a autoridades que incumplan sentencias de amparo, manteniendo el marco normativo actual.
La iniciativa también protege el acceso al “mínimo vital”: incluso si las cuentas bancarias están bloqueadas, los afectados podrán disponer de recursos para cubrir necesidades básicas.
El dictamen será discutido en comisiones este miércoles al mediodía y se prevé que llegue al pleno en sesión vespertina para su análisis y eventual aprobación.
