Alianza por la legalidad del gasto en Sonora
SIGNOS Y SEÑALES - DAVID COLMENARES PÁRAMO
Desde el inicio de mi gestión he sostenido una convicción clara: la transparencia y la legalidad en el uso de los recursos públicos no son opcionales, son un deber ético y político.
Bajo esa premisa, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha sido fundamental para fortalecer la rendición de cuentas en las entidades federativas.
A lo largo de mi administración hemos mantenido reuniones de trabajo frecuentes con diferentes entidades con el objetivo de coordinar esfuerzos en la revisión y correcta aplicación del presupuesto estatal.
Estas reuniones no solo han sido actos protocolarios, sino espacios de diálogo técnico y de cooperación institucional orientados a garantizar que cada peso del erario se ejerza conforme a la ley.
Siempre he encontrado en el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, a un aliado comprometido con una visión moderna de la fiscalización.
Su postura ha sido clara y coincidente con la nuestra: la auditoría no debe entenderse como un mecanismo punitivo, sino como una herramienta de apoyo para mejorar la gestión pública.
Lo cual expresé con claridad en julio de 2023, durante la apertura de las “Auditorías Colmena” en el estado de Sonora, al señalar: “No vengo a buscar, sino a apoyar”. Esa frase sintetiza el espíritu de nuestra colaboración.
Actualmente, en Sonora se encuentran en desarrollo seis auditorías al gasto federalizado ejercido por el Gobierno del Estado, de un total de 17 auditorías correspondientes a la Cuenta Pública 2024.
Es importante subrayar que los recursos de origen federal tienen una relevancia particular en esa entidad.
En el caso del gobierno sonorense, estos recursos representan más del 70% de su presupuesto, Mientras que, en al ámbito municipal, el promedio de dependencia de los fondos federales alcanza hasta el 100 por ciento, Es decir, los que les provee la Federación conforman la totalidad de su presupuesto.
Estas cifras reflejan la importancia de ejercerlos con el mayor cuidado, responsabilidad y apego a la normatividad, pues de su correcta aplicación depende, en gran medida, la prestación de servicios públicos y el desarrollo local.
Por tal motivo, desde la Auditoría reafirmamos nuestro compromiso compartido de acompañar a los gobiernos locales para que cumplan correctamente con sus responsabilidades administrativas y financieras, dotando a los entes fiscalizados con las herramientas necesarias para el adecuado uso de los recursos públicos.
Estoy convencido de que la capacitación es una de las mejores herramientas para prevenir irregularidades y fortalecer las capacidades institucionales.
Desde que iniciamos las labores, mi experiencia con el gobierno de Oaxaca, al mando de Heladio Ramírez López, fue crucial cuando se creó la Ley de Usos y Costumbres. Recordemos a Armando Labra y a Gustavo Esteva, quienes hicieron posible esta ley única en el país.
En la Secretaría de Hacienda, fui el conductor de la última Convención Nacional Hacendaria, un hito en respuesta a las recomendaciones del Banco Mundial sobre las reformas a nuestra Ley, que no acepté y acordamos con las entidades federativas.
En suma, desde nuestros respectivos ámbitos, hemos construido una relación de colaboración y respeto institucional que ha permitido avanzar en una fiscalización más eficiente, preventiva y cercana.
Estoy convencido de que este trabajo conjunto seguirá dando resultados positivos para Sonora y para México.
