Almirante dice que no hubo orden de “matarlos a todos”; legisladores siguen exigiendo respuestas sobre ataque letal en el Caribe
Frank M. Bradley asegura ante el Congreso que no recibió instrucción de “no dar cuartel”, pero video de la operación mantiene viva la controversia
EE. UU. defiende su ofensiva contra narcolanchas, pero el Congreso exige rendición de cuentas por lo que considera un posible crimen de guerra
El jueves 4 de diciembre, el almirante Frank M. Bradley aseguró ante miembros del Congreso de Estados Unidos que jamás recibió una orden del secretario de Defensa, Pete Hegseth, para “matar a todos” los ocupantes de la embarcación atacada en aguas internacionales en el Caribe, tras un primer bombardeo en septiembre. Así lo declararon legisladores como Tom Cotton, tras una sesión informativa confidencial, en la que Bradley sostuvo que la acción respondió a una orden “escrita con mucho detalle”.
No obstante, los demócratas miembros del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, entre ellos Jim Himes, calificaron lo ocurrido como una de las acciones más alarmantes que han observado. Según Himes, el video mostrado durante la audiencia exhibe a dos personas que sobrevivieron al primer ataque, en “claras condiciones de indefensión”, varadas en el agua, sin posibilidad de defenderse —y aun así abatidas. “Eso estuvo mal”, declararon en un comunicado conjunto Himes y el representante Adam Smith.
El incidente hace parte de una ofensiva más amplia de EE. UU. contra lo que califica como “narcolanchas”: desde septiembre, las autoridades estadounidenses han realizado por lo menos 21 ataques en el Caribe y el Pacífico, con un saldo oficial de 82 víctimas mortales, según datos del Pentágono.
Diferencias en las versiones y reclamos de transparencia
La versión oficial sostiene que el segundo ataque fue necesario porque los sobrevivientes, aunque heridos, seguían representando una amenaza: supuestamente intentaban continuar su misión de narcotráfico, con capacidad de comunicarse con otras embarcaciones, por lo que serían objetivos legítimos. Así lo habría declarado Bradley ante el Congreso, según reportes.
Por su parte, la administración de Hegseth afirma que las operaciones se desarrollan dentro del marco de la ley de guerra. En rueda de prensa la Casa Blanca justificó que el almirante actuó “dentro de sus atribuciones y conforme a la ley” y rechaza que existiera una orden previa de “no dar cuartel”.
Sin embargo, muchos legisladores, abogados y organizaciones de derechos humanos consideran que podría tratarse de ejecuciones extrajudiciales: apuntan a que los sobrevivientes ya no ofrecían resistencia, estaban incapacitados y, aun así, fueron atacados —lo que contravendría normas internacionales sobre conflictos armados.
Un precedente que divide al Congreso y pone a prueba la estrategia antidrogas
El choque de versiones generó una fuerte división incluso dentro del propio Congreso: mientras algunos senadores republicanos defienden la operación como una medida necesaria para combatir el narcotráfico, muchos demócratas y algunos legisladores independientes advierten sobre la gravedad de lo que podría configurarse como un crimen de guerra.
En un contexto de creciente presión internacional, varios sectores exigen la publicación completa —sin editar— del material audiovisual del ataque, así como acceso a los registros, órdenes de combate y memorandos legales que ampararon la operación.
Mientras tanto, el gobierno de EE. UU. parece decidido a continuar su campaña marítima: Hegseth anunció que los bombardeos contra embarcaciones sospechosas “apenas han comenzado”.
