Congreso del Estado: Declara festividades yucatecas como patrimonio cultural intangible

Con el objetivo de preservar la riqueza histórica y la identidad que se hereda en las tradiciones de la entidad, esta tarde el Congreso del Estado aprobó por unanimidad el dictamen por el que se declara a diversas festividades, técnicas y actividades como patrimonio cultural intangible del estado de Yucatán.

Entre las festividades y gremios incluidos en el proyecto se encuentran los festejos en honor a los Santos Reyes de Tizimín, el festival de la Gardenia y el de la Genuina Gardenia en Ticul, la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Asunción en el barrio de San Sebastián en Mérida, y los gremios de la Visitación, a María Reina, Campesino, Juventud Católica, Santo Patrón, de mestizos “Esperanza Católica”, de Matarifes, la Coronación, el Tránsito, Obrero, la Asunción, y el Fernando Ruiz Solórzano.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Legislativo Estatal, diputado Wilmer Monforte Marfil, afirmó que el dictamen aprobado reconoce la fuerza, la identidad y el patrimonio que representan fiestas tradicionales que forman parte del corazón cultural de Yucatán.

Todas estas celebraciones cuentan con un profundo arraigo y una riqueza histórica y un valor cultural que justifican plenamente su protección como patrimonio de Yucatán, dijo y aseguró que con el dictamen se reconoce que en Yucatán el patrimonio cultural es una expresión viva que honra a nuestras tradiciones para asegurar que nuestra cultura siga viva para las generaciones que vienen.

El diputado del Partido del Trabajo, Francisco Rosas Villavicencio, presentó una iniciativa sustentada por morena y el Partido Verde Ecologista de México para reformar la Ley de Tránsito y Vialidad de Yucatán para fortalecer la seguridad vial, dotar de mayor certeza jurídica a los transportistas y usuarios e integrar a la norma la figura del Consejo Consultivo de Tránsito y Vialidad.

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Larissa Acosta, presentó una iniciativa para proponer que los deudores alimentarios no puedan tener acceso a la renovación o a la adquisición de una licencia de manejo y que tampoco puedan contraer matrimonio civil mientras no cumplan con sus obligaciones familiares y legales.