Entra en vigor la reforma judicial en México; gobierno detalla cambios para futuras elecciones del Poder Judicial
La nueva legislación modifica el calendario electoral judicial, simplifica el proceso de votación y establece nuevas reglas para la selección y sustitución de cargos dentro del Poder Judicial.
La reforma judicial aprobada por el Congreso de la Unión entró en vigor este 3 de junio. El Gobierno de México explicó los principales cambios que contempla la legislación, entre ellos el aplazamiento de la elección judicial prevista para 2027, ajustes en las boletas electorales y nuevos mecanismos para la evaluación de aspirantes a cargos judiciales.
Gobierno federal presenta los alcances de la reforma judicial
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, expuso durante la conferencia matutina en Palacio Nacional los puntos centrales de la reforma judicial que comenzó a aplicarse este miércoles en México.
La iniciativa fue respaldada por la mayoría legislativa integrada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano manifestaron su rechazo durante el proceso de discusión y aprobación.
Según el gobierno federal, las modificaciones buscan fortalecer el modelo de elección popular de integrantes del Poder Judicial y facilitar la participación ciudadana en los próximos procesos electorales.
Uno de los cambios más relevantes consiste en la reubicación de la elección judicial originalmente prevista para 2027, la cual ahora se realizará el 4 de junio de 2028.
De acuerdo con las autoridades, la medida pretende evitar que coincida con los comicios intermedios ordinarios, reduciendo la complejidad logística y permitiendo una mejor organización electoral.
La administración federal sostuvo que esta decisión no representa un retroceso en la reforma, sino un ajuste orientado a mejorar las condiciones para la participación ciudadana.
Simplifican boletas y reducen número de candidaturas
La nueva legislación también contempla una serie de modificaciones destinadas a facilitar el voto de los ciudadanos.
Entre ellas destaca la reducción del número de candidaturas que aparecerán en las boletas, así como un rediseño de estos documentos para identificar con mayor claridad el Poder que postula a cada aspirante y la especialidad correspondiente.
Asimismo, se homologarán los criterios de evaluación utilizados por los comités de los tres poderes de la Unión, incorporando exámenes de conocimientos como parte del proceso de selección de candidatos.
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Nuevas reglas para conteo de votos y cobertura de vacantes
Otro de los cambios establece que las elecciones judiciales y las elecciones ordinarias se desarrollarán en las mismas casillas, mientras que el conteo de votos se realizará directamente en los lugares donde sean emitidos.
La reforma también modifica el procedimiento para cubrir vacantes dentro del Poder Judicial. En caso de renuncia, fallecimiento o remoción de una persona juzgadora, el cargo permanecerá vacante hasta la siguiente elección, eliminando la posibilidad de que sea ocupado automáticamente por quien obtuvo la segunda mayor votación.
Reforma incorpora mecanismos de coordinación y transparencia
Dentro de los ajustes aprobados destaca la creación de una Comisión Coordinadora encargada de fortalecer la evaluación de perfiles judiciales y promover una mayor transparencia en los procesos de selección.
Especialistas han señalado que estas modificaciones buscan corregir dificultades operativas detectadas en el diseño original de la reforma y generar mayor certeza para el electorado.
La legislación también prevé que la elección judicial programada para 2028 pueda realizarse de manera simultánea con una eventual consulta de revocación de mandato, siempre que ésta sea solicitada conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Constitución.
Con estos cambios, el Gobierno de México busca consolidar el nuevo esquema de elección popular de integrantes del Poder Judicial y definir las reglas que regirán los próximos procesos electorales relacionados con este poder del Estado.
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