Inspectores de Protección Civil anunciaron una rigurosa revisión a los puestos de comida ambulante y otros establecimientos que utilizan cilindros de gas en la vía pública, ante el creciente riesgo que representa la proliferación de estos negocios improvisados en las calles de Mérida.
Se estima que hay más de 1000 expendios de comida callejera cuyas instalaciones deben ser revisadas, ya que son colocadas y removidas diariamente en el paso de banquetas o en carriles de la vía pública.
El aumento poblacional en distintos fraccionamientos, como Ciudad Caucel, Las Américas, Los Héroes, Francisco de Montejo, Juan Pablo II, Salvador Alvarado Sur y Yucalpetén, ha contribuido al incremento de puestos de alimentos en la vía pública. Este año, las cuadrillas de verificación de Protección Civil centrarán su atención en estos comercios de vía pública, haciendo especial énfasis en la revisión de instalaciones de gas.
Inspectores consultados expresaron que el volumen de trabajo se ha duplicado debido a la proliferación de estos puestos de comida, atendidos mayormente por personas provenientes de otros estados que han decidido residir en la ciudad.
“En Caucel, por ejemplo, estimamos que hay más de 300 puestos de comida en las avenidas. Cada mes surge uno nuevo y no todos cuentan con expertos en instalaciones de gas. Algunos se conectan ilegalmente a la red eléctrica y utilizan cilindros o mangueras en mal estado. Aunque algunos vendedores pueden ver estas inspecciones como molestias, en realidad se trata de garantizar la seguridad, incluso la suya propia”, señaló Alejandro Hernández, verificador de reglamentos.
El fenómeno de la comida callejera, tanto local como de otras latitudes, ha experimentado un notable crecimiento en Mérida, al igual que en otras ciudades. A lo largo del día, desde la mañana hasta la noche, la oferta de alimentos en la vía pública es constante, y en muchos casos, se utilizan cilindros de gas como fuente de energía.
Protección Civil hace un llamado a la conciencia y responsabilidad de los propietarios de estos establecimientos para garantizar que sus instalaciones cumplan con las normativas de seguridad. La prioridad es proteger la integridad de los ciudadanos y, al mismo tiempo, preservar la diversidad y riqueza de la oferta gastronómica en la ciudad.
