
Un juez determinó vincular a proceso al exgobernador de Veracruz por el presunto desvío de recursos destinados a programas sociales. La Fiscalía General de la República presentó 38 elementos de prueba, incluido el testimonio del extesorero estatal.
Un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por su presunta responsabilidad en el delito de peculado, relacionado con el desvío de cinco millones de pesos que originalmente estaban destinados a programas sociales.
La resolución judicial representa un nuevo revés legal para el exmandatario, quien está próximo a cumplir una sentencia previa de nueve años de prisión, pero ahora enfrenta un proceso que podría prolongar su permanencia en la cárcel.
Fiscalía acusa desvío de recursos para programas sociales
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, Duarte firmó un decreto que permitió redireccionar fondos asignados al Fondo para Discapacitados y a apoyos dirigidos a niños y adultos mayores. Presuntamente, esos recursos fueron utilizados para cubrir gastos de nómina y otros compromisos financieros del gobierno estatal.
Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el Ministerio Público presentó 38 pruebas. Entre ellas destacó el testimonio de Antonio Tarek Abdalá, extesorero de Veracruz, quien declaró que en esa administración se mezclaban recursos de distintas partidas presupuestales, práctica que internamente se denominaba “barriendo las cuentas”.
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El exgobernador negó las imputaciones y sostuvo que no era responsable directo de la planeación financiera del estado. Argumentó que su función como titular del Ejecutivo estatal no implicaba desempeñarse como secretario de Finanzas. Asimismo, aseguró que los recursos señalados eran de carácter estatal y no federal.
La defensa también intentó frenar el procedimiento bajo el argumento de que el delito no estaba contemplado en los términos de la extradición concedida por Guatemala. No obstante, el juez Gustavo Aquiles Villaseñor resolvió que existen elementos suficientes para continuar con el proceso penal, al precisar que su determinación se basa exclusivamente en criterios jurídicos.
Con esta decisión, la situación legal de Javier Duarte vuelve a complicarse ante la justicia mexicana.





