En 2019, el fiscal general de Israel acusó formalmente a Benjamín Netanyahu de soborno, fraude y abuso de confianza. Estas imputaciones se sumaron a la crisis política que ya atravesaba, luego de no haber logrado victorias claras en las dos elecciones anteriores, lo que generó grietas tanto en el gobierno como en su propio partido.
Las acusaciones más relevantes están contenidas en tres casos. En el llamado caso 1000, se le señala por recibir costosos regalos —como puros, joyas y artículos de lujo— a cambio de favores políticos. En el caso 2000, se le imputa haber ofrecido cobertura favorable al diario Yedioth Ahronoth a cambio de beneficios personales. Y en el caso 4000, el más delicado, se le acusa de favorecer al gigante de telecomunicaciones Bezeq con incentivos y decisiones regulatorias valoradas en más de 200 millones de libras, a cambio de una cobertura mediática positiva.
El juicio comenzó a principios de 2020, pero fue suspendido temporalmente debido a la pandemia de COVID-19, lo que le dio a Netanyahu un respiro estratégico. En la audiencia inicial, celebrada el 24 de mayo de ese año, el Primer Ministro negó categóricamente todos los cargos. Desde entonces, el proceso judicial ha avanzado con la fase de presentación de testigos.El pasado domingo 20 de julio, Netanyahu fue citado nuevamente a comparecer ante el tribunal. Sin embargo, argumentó que no podía asistir debido a que se encontraba atendiendo asuntos de seguridad nacional relacionados con los ataques israelíes sobre Damasco, capital de Siria.
A esta tensión se suma la presión internacional, particularmente la del presidente estadounidense Donald Trump, quien a través de su red social Truth Social calificó como “terrible” el trato que Israel le ha dado al “héroe de guerra” Netanyahu. Trump afirmó además que, gracias a Netanyahu, se logró avanzar significativamente en la eliminación de la amenaza nuclear iraní. Más aún, aseguró que estaba cerca de cerrar un acuerdo para la liberación de rehenes con el grupo terrorista Hamas, con el que Israel mantiene un conflicto desde 2022. Dichas declaraciones han sido duramente criticadas por la oposición israelí, que sostiene que “no debería intervenir en un proceso judicial dentro de un país soberano”.
Otro elemento clave del escenario es la desconfianza ciudadana. Según datos publicados por The New York Times en julio de 2025, más del 70 % de la población israelí no confía en su gobierno. Esta desafección viene creciendo desde al menos 2017, cuando protestas masivas en Tel Aviv evidenciaron una fractura interna profunda dentro del partido de gobierno.
Las guerras recientes de Israel —contra Hamas en Gaza, Líbano, Irán y ahora Siria— han provocado repetidas postergaciones del juicio. Esto ha llevado a algunos sectores a sospechar que Netanyahu podría estar usando el conflicto como herramienta para evitar rendir cuentas ante la justicia. Así, Benjamín Netanyahu, el primer ministro más longevo en la historia de Israel, enfrenta una guerra en múltiples frentes: la justicia lo persigue, la opinión pública lo rechaza y sus adversarios políticos ganan terreno. En este contexto, su único respaldo firme parece estar en Washington. Mientras tanto, se mantiene aferrado al poder, incluso a costa de mantener a Israel en constante estado de alerta y conflicto.
