Ministerio Publico de Honduras ejecuta orden internacional de captura contra el expresidente Juan Orlando Hernández
El 8 de diciembre de 2025, el Ministerio Público de Honduras, encabezado por el fiscal general Johel Zelaya, emitió una orden de captura internacional contra el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández. El anuncio fue publicado en la red social X, instando a los cuerpos de seguridad nacionales y a la Interpol a ejecutar la detención, bajo cargos de lavado de activos y fraude relacionados con el caso conocido como Pandora II.
Motivo de la orden
Las acusaciones se remontan a irregularidades detectadas en el manejo de fondos públicos entre 2010 y 2013. Según la investigación, se desviaron recursos mediante fundaciones, empresas fachada y contratos ficticios, parte de los cuales habrían financiado campañas políticas del exmandatario. Se le imputa haber recibido al menos 62 millones de lempiras bajo ese esquema.
Aunque la orden de captura fue emitida originalmente en 2023, su ejecución quedó pendiente hasta ahora. La liberación de Hernández —tras un indulto otorgado en Estados Unidos— reactivó los mecanismos judiciales en su contra.
Contexto reciente: indulto, polémica y reacción
Hernández había sido condenado en EE. UU. a 45 años de prisión por narcotráfico, tras lo cual fue liberado recientemente gracias a un indulto emitido por el presidente estadounidense Donald J. Trump. A sólo días de esta liberación —venido justo antes de elecciones generales en Honduras— la Fiscalía hondureña decidió activar la orden de captura pendiente.
En su anuncio, Zelaya dijo que la medida se enmarca en la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción y la necesidad de combatir con firmeza las redes corruptas que, según él, “han marcado profundamente la vida del país”.
Qué significa esta orden para Honduras y la comunidad internacional
Con la solicitud de cooperación internacional —incluyendo a Interpol—, las autoridades hondureñas envían un mensaje claro: el indulto en EE. UU. no impide que persigan ante la justicia nacional los presuntos delitos cometidos antes, durante o después de su mandato.
Además, la medida vuelve a colocar en el centro del debate temas como la corrupción, impunidad, y la relación entre justicia, política e influencia internacional. El futuro del exmandatario dependerá en buena medida de su ubicación actual, su voluntad de colaborar y la reacción de las autoridades internacionales.
