Pugnan por derechos de víctimas en foro de justicia
El ministro Alberto Pérez Dayán, presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), puso en marcha en Mérida la quinta sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, desde donde hizo un llamado a encontrar soluciones a las diversas problemáticas de la seguridad y justicia, siempre con un enfoque de derechos humanos, de atención a las víctimas y que incluya una agenda para enfrentar la crisis ambiental.
“Este quinto foro regional está llamado a convertirse en un espacio de escucha genuina amplia y plural que permita interactuar a los diversos actores sociales autoridades y personas usuarias de los sistemas de seguridad y de justicia, de la cual estoy absolutamente seguro derivarán propuestas que nos permitirán defender y brindar una esperanza para el futuro de las nuevas generaciones”, expuso.
Destacó que el foro se nutre con la presencia de participantes de los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, abordando cuatro grandes ejes temáticos: se analiza si existe un acceso real y efectivo a servicios legales de calidad y si estos involucran en un enfoque de Derechos Humanos; se abordarán las muy diversas problemáticas de la seguridad pública que sean propias de las entidades federativas participantes.
“No importa que estemos en la península, aquí también podremos escuchar las experiencias que esta sociedad ha alcanzado para tener los estándares más altos”, dijo.
Además, se abordan otras problemáticas de la seguridad pública, cuyo eje central siempre será dar cara a los derechos de las víctimas del delito, considerando cuáles son las obligaciones de las autoridades públicas en la persecución y sanción efectiva.
Dijo que será menester también analizar el funcionamiento del Sistema Nacional de impartición de justicia y la estructura institucional que lo soporta, así como el funcionamiento del poder judicial local y federal.
Además, dijo que la degradación del medio ambiente, la pérdida de la biodiversidad, son algunas de las amenazas más apremiantes y graves que ponen en riesgo el disfrute pleno de todos los derechos, por lo que una agenda de seguridad y justicia “no puede ser omisa en advertir la crisis ambiental que estamos viviendo”.
Por parte del gobierno estatal, la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, dijo que la obligación de juzgar con perspectiva, exige a quienes imparten justicia que actúen remediando los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales puedan tener en detrimento de las personas, por razones de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
En términos de lo cual se hace indispensable, dijo, que el Poder Judicial de cada entidad federativa asuma su responsabilidad para hacer efectiva la impartición de la justicia, garantizando la contemplación de criterios y principios superiores de equidad, procurando que su personal jurisdiccional conozca en qué consiste esa perspectiva, y la forma de su aplicación, en cada resolución que sea menester. Y estar así en mejor aptitud de dar justa vida a esos grandes propósitos constitucionales y convencionales.
Entre otros, estuvieron en el presídium, el magistrado Heyden José Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana Roo; la magistrada María Carolina Silvestre Canto Valdés, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán; así como los fiscales de Campeche y Yucatán, Renato Sales Heredia y Juan Manuel León, respectivamente.
