Vila es el único culpable de que se cancelara la ampliación del Puerto de Progreso
Las prisas, la opacidad, la falta de certeza y que con la Ley de la Operadora Energética y Marítima de Yucatán (Ley OEMY) que Mauricio Vila Dosal envió al Congreso, y que aprobó el Legislativo, se pretendía invadir las esferas de la Marina, finalmente se canceló el convenio que se tenía con el gobierno para la ampliación del Puerto de Altura y ahora se tendrá que cancelar la deuda de 3 mil 63 millones.
Desde febrero de este año, la Secretaría de Marina precisó que la Ley OEMY contravenía la Ley de Puertos y por ello no seguiría participando en el convenio que se había firmado, desde el 2022, para la cesión de derechos y para la ampliación del Puerto de Altura de Progreso.
Esta norma, que aprobó el Congreso de Yucatán por instrucciones de Vila Dosal, sobrepasaba las facultades del gobierno estatal y lo que se había estipulado en el convenio, porque al final se trata de un bien de la federación.
El gobernador pretendía invadir atribuciones que son propias y exclusivas de las Administraciones Portuarias Integrales, de acuerdo con la Ley de Puertos. La Secretaría de Marina enlistó 11 atribuciones que la legislación aprobada le daba al gobierno estatal y que sobrepasaban sus facultades, en temas como la obtención de concesiones, otorgamiento de permisos, autorizaciones o contratos de cesión parcial de derechos, para construir y operar terminales e instalaciones portuarias, entre otras.
Sin embargo, ahora Mauricio Vila Dosal pretende responsabilizar a la Marina de que no avanzara el proyecto, pero en realidad es por las acciones tomadas por el gobierno estatal, además de la opacidad y prisas con que se intentó sacar adelante el tema.
A este respecto, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriela González Ojeda, dijo que desde un principio se expuso que, en términos legales, un gobierno estatal no tendría por qué pagar una obra federal, pero aun así se apoyó el proyecto para que Yucatán mejore.
“Votamos a favor especificando que siempre y cuando los recursos fueran (3 mil 63 millones) fueran para el Puerto de Altura, pero, cuando empezaron él con tema de la Operadora Energética y Marítima, Movimiento Ciudadano dijo que necesitábamos la cesión parcial de derechos y obligaciones y que estuviera dada de alta en la Marina y esos documentos nunca no los hicieron llegar”, expuso.
Reiteró que el gobierno de Mauricio Vila solo entregó algunos convenios de colaboración, pero no la cesión que se menciona y que ahora la Marina no inscribió y lo hará hasta que llegue el nuevo gobierno.
Por ello, dijo que la deuda de los 3 mil 63 millones de pesos que se le autorizó al Gobierno se debe cancelar y, ya que la próxima administración decida. Es un hecho que se tiene que ampliar el Puerto de Altura, dijo, y ya será una decisión de la próxima administración federal.
Dijo que no haber logrado concretar el proyecto es responsabilidad del gobierno estatal, “por la premura del gobernador de querer sacar esto” y que “se hizo todo muy raro, muy turbio, bastante pantanoso el panorama”.
Expuso que en la cesión parcial de derechos el gobierno estatal debía mencionar a las empresas que operarían en la terminal portuaria, pero ellos no lo querían informar.
“Yo creo que al ver esto, que todo estaba un poco turbio, vieron el riesgo que implicaba. Pero al final es por las prisas y por querer sacar rápido el proyecto”, expuso.
Dijo que la representación de Movimiento Ciudadano se mantendrá al pendiente del tema, en los meses que restan, y seguramente lo hará igual la bancada del partido naranja en la próxima legislatura.
