Caen privilegios en transporte público
Congreso cambia las reglas y rompe esquema heredado que llevaba al sistema a la quiebra

En histórica sesión de pleno, las y los diputados de la Bancada del Pueblo (Morena-PT-PVEM) aprobaron este lunes la reforma integral a la Ley de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), con el cual sepulta el modelo gerencial, neoliberal y corrupto heredado por el régimen de Mauricio Vila Dosal, rescatando la movilidad como un derecho social y regulando con absoluta transparencia el dinero de la gente.
La reforma, impulsada originalmente por el gobernador del Estado, Joaquín Díaz Mena, que se complementa con un trabajo previo realizado de Parlamento Abierto que incluyó cuatro foros y más de 10 mesas de trabajo con transportistas, usuarios y concesionarios, pone fin a los esquemas de negocios privados financiados con el erario que mantenían al sistema en una inminente quiebra técnica.
Durante el debate parlamentario, los legisladores de la Cuarta Transformación exhibieron el desastre financiero que la administración anterior intentó ocultar. El diagnóstico técnico de la ATY resultó contundente: bajo el formato previo, de cada peso que ingresaba al sistema apenas se alcanzaba a cubrir el 41% de los costos operativos.
Los diputados Francisco Rosas y Alejandro Cuevas denunciaron desde la tribuna dos de los ejemplos más lesivos de la anterior gestión: el fraude de los kilómetros estimados; el modelo técnico de la derecha pagaba a los empresarios kilómetros garantizados de 270 kilómetros diarios sin importar si no los recorrían completos, como ejemplo tenemos la realidad física de las rutas, especialmente en las comisarías más pobres, donde recorren mucho menos. El pueblo yucateco pagaba diariamente kilómetros de “aire” por unidad para engordar los bolsillos de unos cuantos.
Además, de los contratos leoninos a 15 años: Se expuso el caso del Cetram en el norte de Mérida, donde se comprometieron recursos públicos por los próximos 15 años para pagar una renta exorbitante de 66 mil pesos diarios (2 millones de pesos al mes) por un espacio de apenas 15 metros cuadrados de transbordo, sin que el inmueble pase nunca a ser propiedad del Estado.
“Ese es el modelo que el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano vinieron a defender hoy con su voto en contra. Se ofenden y se exaltan porque se les acabaron los moches, las tranzas y el negocio de unos cuantos disfrazado de derecho del pueblo. Querían proteger a sus patrones, los mismos que terminando su escuela en Harvard regresaron al Senado a cobrar su beca”, sentenció Alejandro Cuevas ante un recinto abarrotado.
En el desarrollo de la sesión, el diputado Francisco Rosas, expuso que esta reforma también responde a una demanda histórica del sector de los taxistas, la reforma modificó el artículo 54 de la ley. Con este cambio, se estipuló el requisito de una póliza de seguro vigente que sin asfixiar la economía popular garantice la protección total a terceros, usuarios y bienes.
CERTEZA JURÍDICA
Posteriormente, las y los diputados aprobaron, por mayoría, el dictamen que reforma la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, así como la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos y la Ley de lo Contencioso Administrativo, todas del Estado de Yucatán. A favor se pronunciaron, la diputada Naomi Raquel Peniche López, de morena, y el diputado Rafael Gerardo Montalvo Mata, del PAN.
La legisladora de Morena, Naomi Peniche señaló que las reformas fortalecerán el principio de legalidad y brindarán mayor certeza jurídica mediante procedimientos administrativos más transparentes, eficientes y equilibrados, mientras que el legislador del Partido Acción Nacional, Rafael Montalvo coincidió en la importancia del dictamen.
En materia ambiental, el Pleno aprobó, por mayoría, reformas a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la Ley de Procuración de Justicia Ambiental y Urbana, ambas del Estado de Yucatán.
De igual forma, el Congreso aprobó por unanimidad el dictamen que autoriza a 91 municipios del estado acceder a financiamientos destinados exclusivamente a inversiones públicas productivas e infraestructura social.
En tribuna participaron a favor, la diputada Aydé Verónica Interián Argüello y la diputada Itzel Falla Uribe. Las legisladoras destacaron que esta aprobación permitirá a los municipios destinar recursos a obras prioritarias.
Asimismo, el Pleno aprobó por unanimidad reformas a la Ley de Educación del Estado de Yucatán en materia de fortalecimiento educativo para el bienestar, con el objetivo de impulsar entornos escolares más seguros e inclusivos.




