La ruptura comercial entre Estados Unidos de América y Canadá: el riesgo de una Norteamérica bilateral
VISIÓN COMPARTIDA - Víctor José López Martínez
En el primer minuto del sábado 22 de agosto entraron en vigor los aranceles del 50% que Estados Unidos impuso sobre 20 mil millones de dólares en productos canadienses. La cifra, con ser considerable, apenas insinúa la dimensión de lo ocurrido: el año pasado ambos países se vendieron mutuamente bienes y servicios por 880 mil millones de dólares, casi el 72% de las exportaciones canadienses tiene como destino el mercado estadounidense y cada día cruzan la frontera común mercancías por 2 mil millones.
Lo que se rompió el viernes por la noche en Washington fue una negociación; lo que quedó en entredicho es la manera en que dos aliados históricos administraron su vecindad durante ocho décadas.
La cronología merece registrarse con precisión, porque en ella está la enseñanza. Durante la semana los equipos de ambos gobiernos trabajaron sobre términos que parecían acordados, y el propio presidente Trump extendió el plazo tres días para permitir que las conversaciones maduraran. El miércoles, funcionarios canadienses describían un entendimiento que daría certidumbre, protegería al sector lácteo y preservaría condiciones comerciales favorables. El viernes todo se deshizo.
El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, sostuvo que Ottawa se negó a finalizar el acuerdo en los términos pactados; el primer ministro Mark Carney atribuyó el colapso a exigencias de último momento que calificó de injustas y económicamente inviables, y retiró a sus negociadores. Al día siguiente pronunció una frase que dará la vuelta al mundo diplomático: reconocer que, a veces, la firma del socio está escrita a lápiz. Canadá igualará los aranceles dólar por dólar a partir del 8 de septiembre, sobre acero, lácteos, maquinaria agrícola, electrodomésticos y electrónica.
Conviene decirlo con ecuanimidad: ambos gobiernos defienden posiciones que sus opiniones públicas consideran legítimas. Washington persigue la repatriación de capacidad manufacturera, un objetivo que ha articulado con coherencia desde 2025; Ottawa protege su soberanía comercial y sectores que estima estratégicos.
Pero entre las exigencias que Carney rechazó, hay una que merece atención mucho más allá de la frontera norte: la pretensión de limitar la capacidad canadiense de firmar nuevos acuerdos comerciales con terceros países. Ese punto no es un detalle técnico. Es la definición misma de hasta dónde llega la autonomía de un socio, y explica por qué el episodio interesa tanto a México.
Porque el verdadero riesgo que este colapso deja al descubierto no es arancelario, sino arquitectónico. Desde hace meses se acumulan las señales de que el futuro comercial de Norteamérica podría dejar de escribirse en clave trilateral para escribirse en dos conversaciones separadas.
Moody’s advirtió en junio que la revisión apunta cada vez más hacia acuerdos bilaterales y negociaciones paralelas en lugar de una renegociación plenamente trilateral, y sustentó su lectura en dos hechos comprobables: la ausencia de Canadá en el calendario inicial de las conversaciones entre Washington y la Ciudad de México, y la extensión de los trabajos más allá de la fecha formal del 1 de julio.
El propio presidente Trump ha dicho que no sabe si renovará el tratado y ha sugerido en más de una ocasión que podrían hacerse acuerdos distintos y mejores con cada país. Las conversaciones sustantivas de este año han girado, en los hechos, en torno a concesiones arancelarias específicas para cada socio, señaladamente las de la Sección 232 en acero y automóviles.
El mecanismo jurídico permite ese deslizamiento sin necesidad de una ruptura formal. Si en la revisión conjunta no hay consenso para extender el tratado por dieciséis años más, el T-MEC no muere: entra en un ciclo de revisiones anuales durante una década, con terminación prevista el 1 de julio de 2036 salvo acuerdo posterior.
Es decir, existe la posibilidad de que Norteamérica conserve el tratado como cascarón formal mientras la sustancia de la relación migra hacia entendimientos bilaterales renovados año con año. Un tratado vigente en el papel y bilateralizado en la práctica. A ello se suma un dato que este fin de semana confirmó lo que ya se sospechaba: los nuevos aranceles se aplican incluso a productos canadienses que cumplen los requisitos de trato preferencial del propio acuerdo. La preferencia pactada no impidió el gravamen.
Para México las consecuencias de ese escenario son claras y conviene enunciarlas sin dramatismo. Negociar en solitario frente a la primera economía del mundo, sin el contrapeso de un tercer socio y sin reglas comunes de origen que sostengan la integración productiva, coloca a cualquier país en una posición estructuralmente distinta.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido consistente en este punto desde el inicio: a México le interesa que el tratado se mantenga entre los tres países, porque es la mejor forma de competir con otras regiones del mundo, y ha recordado que el T-MEC es ley en las tres naciones, de modo que modificarlo exigiría una revisión de fondo y no sólo un gesto.
El argumento geopolítico que ha sostenido es el más sólido de cuantos se han formulado en esta discusión: América del Norte compite mejor con China unida que fragmentada. Esa tesis no es retórica regional; es aritmética de escala frente a un bloque que produce, financia y exporta como continente.
México llega a esta etapa con consultas públicas realizadas, con coordinación estrecha entre gobierno e iniciativa privada y con una interlocución presidencial que ha privilegiado los resultados sobre los gestos. Esa disciplina, que algunos leyeron como cautela excesiva, se revela hoy como activo estratégico.
Nadie debe celebrar la fractura entre dos vecinos que también son nuestros socios, y todo indica que Estados Unidos y Canadá terminarán por reencontrarse, porque su interdependencia es más fuerte que cualquier desencuentro. Pero el episodio obliga a nombrar el dilema de fondo: si Norteamérica se administra como un bloque o como una red de acuerdos radiales con un solo centro. México debe defender la primera opción con argumentos, con datos y con la serenidad de quien sabe que la integración le conviene a los tres. Esa es la visión compartida que este tiempo exige.
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