Sector pesquero de Yucatán denuncia parálisis y exige respuesta de autoridades federales
La falta de un titular en la Capitanía de Puerto, el rezago en permisos de Conapesca y el aumento de la pesca ilegal mantienen en incertidumbre a trabajadores y empresarios del sector
La falta de atención administrativa y el rezago en la expedición de permisos de pesca mantienen en una situación crítica al sector pesquero de Yucatán, cuyos representantes denunciaron que alrededor del 30 por ciento de la flota permanece amarrada en los muelles, sin posibilidad de operar legalmente.
Durante una rueda de prensa, dirigentes de las principales organizaciones pesqueras del estado hicieron un llamado a las autoridades federales para atender la problemática que enfrenta la actividad, entre ellas la ausencia de un titular en la Capitanía de Puerto desde hace seis meses, los retrasos en los trámites ante la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y la falta de inspección y vigilancia para combatir la pesca furtiva.
Félix Luna Gómez, gerente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesqueras y Acuícolas (Canainpesca) en Yucatán, señaló que la falta de un responsable en la Capitanía de Puerto ha detenido diversos procedimientos administrativos, además de impedir la impartición de cursos necesarios para renovar las libretas de tercer motorista, documentos que continúan venciendo sin que los trabajadores tengan opciones para actualizarlos.
Ante esta situación, solicitó la intervención de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán (Sepasy) para gestionar una reunión con Conapesca y agilizar la expedición de licencias y permisos pendientes.
Por su parte, Ana María Frías, presidenta de la Federación de Cooperativas Pesqueras, Turísticas, Acuícolas y Artesanales de Yucatán, calificó como crítico el rezago en la entrega de permisos, pues existen solicitudes y trámites pendientes desde 2019.
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Explicó que, aunque los pescadores han cumplido con los requisitos correspondientes, los cambios administrativos han retrasado los procedimientos, situación que mantiene al 30 por ciento de las embarcaciones sin poder salir a trabajar de manera legal. También reiteró el rechazo de las organizaciones a la pesca furtiva y pidió que se regularice cuanto antes la actividad.
En tanto, Ana María Pech, presidenta de la Unión de Armadores de Yucatán, lamentó la constante rotación de personal en la Capitanía de Puerto y la falta de un responsable que dé continuidad a los trámites. Añadió que tampoco se cuenta con personal capacitado para impartir los cursos que necesita la tripulación para mantenerse en regla.
A estas dificultades se suma el cambio en los despachos de las embarcaciones, que anteriormente tenían una vigencia de 90 días, lo que representa otra complicación para la operación de la flota.
Herbert Crisanti, presidente del Consejo Pesquero Unificado, coincidió en que la falta de liberación de permisos afecta directamente la economía de las familias que dependen de la actividad pesquera, al limitar sus posibilidades de trabajar y obtener ingresos.
Finalmente, Juan Carlos Pech, integrante de la Federación de Cooperativas Pesqueras, advirtió que la falta de respuesta institucional también tiene consecuencias ambientales, debido al incremento de la pesca ilegal en la costa yucateca.
Señaló que la escasa inspección y vigilancia, particularmente por parte de Conapesca, ha permitido que esta práctica se agrave, por lo que insistió en la necesidad de recuperar la presencia de las autoridades y garantizar condiciones para que los pescadores puedan desarrollar su actividad dentro de la legalidad.
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