Con alrededor de 500 granjas porcícolas en Yucatán, permanece suspendida la autorización de nuevas instalaciones mientras las autoridades revisan el cumplimiento de la normatividad ambiental, particularmente en el tratamiento de aguas residuales.
La secretaria de Desarrollo Sustentable, Neyra Silva Rosado, informó que las inspecciones continúan en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La funcionaria explicó que las labores de supervisión forman parte del convenio establecido con ambas dependencias federales, mediante el cual se fijaron compromisos para mejorar el desempeño ambiental de las unidades de producción porcícola y verificar que cumplan con las disposiciones correspondientes.
Precisó que los permisos que actualmente se tramitan no corresponden a la construcción de nuevas granjas, sino a la reconversión de instalaciones que ya operan, principalmente para mejorar sus sistemas de tratamiento de aguas residuales. Por ahora, la apertura de nuevos centros de producción continúa frenada.
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Silva Rosado recordó que los compromisos se establecieron hace más de un año y que las autoridades mantienen las acciones de vigilancia para comprobar que las empresas realicen las adecuaciones necesarias. Las inspecciones buscan dar seguimiento a las condiciones de operación y al manejo de los residuos generados por esta actividad.
En materia de monitoreo del recurso hídrico, la Semarnat reportó que en Yucatán operaban 131 puntos destinados a vigilar la calidad del agua subterránea. Esta infraestructura representa un antecedente para las labores de seguimiento ambiental, aunque todavía no se ha precisado si esos sitios estarán integrados a la nueva plataforma de monitoreo anunciada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
El convenio publicado en octubre de 2025 también contempla elaborar un diagnóstico y un censo de las unidades porcícolas, crear un sistema de información interinstitucional y fortalecer las tareas de inspección y vigilancia. Estas medidas buscan reunir información sobre las condiciones en las que operan las granjas y mejorar la coordinación entre las autoridades encargadas de supervisar su impacto ambiental.
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