Yucatán obligará a los 106 municipios a crear áreas de protección para la infancia
Reforma obliga a los ayuntamientos de Yucatán a crear áreas especializadas para proteger a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo.
La protección de la infancia dejará de depender de decisiones administrativas en los municipios de Yucatán. Una reforma publicada en el Diario Oficial del Estado obligará a los 106 ayuntamientos a crear y mantener áreas especializadas para la atención, prevención y seguimiento de casos que involucren a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o vulneración de derechos.
La medida impactará a una población de aproximadamente 585 mil niñas, niños y adolescentes de entre 9 y 14 años que habitan en la entidad, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y busca fortalecer la red institucional de protección infantil en todo el territorio estatal.
El decreto, publicado el pasado 18 de mayo, establece que los municipios deberán integrar estas instancias de manera obligatoria dentro de su estructura administrativa y formar parte activa del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
Con ello, las acciones de protección infantil dejarán de depender de la voluntad o disponibilidad de cada administración municipal y pasarán a ser una responsabilidad permanente de los ayuntamientos, con funciones definidas para prevenir riesgos, atender denuncias y dar seguimiento a casos relacionados con violencia, abandono, omisión de cuidados u otras afectaciones a menores de edad.
La reforma también fortalece la coordinación entre las autoridades municipales y el Sistema de Protección Integral, con el objetivo de mejorar la detección y atención oportuna de situaciones que comprometan la seguridad, integridad o desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, obliga a los gobiernos municipales a armonizar sus acciones con la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, la cual establece el principio del interés superior de la niñez como eje fundamental para la toma de decisiones y la implementación de políticas públicas.
Para cumplir con las nuevas disposiciones, algunos municipios deberán realizar ajustes administrativos y presupuestales que garanticen el funcionamiento de estas áreas especializadas. Con ello, el Estado busca consolidar una red de protección más sólida y con presencia en los 106 municipios, capaz de brindar atención oportuna a la población infantil y adolescente.
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