En las 107 universidades del estado, tanto públicas como privadas, enfrentan un incremento en la detección de certificados falsos de bachillerato, con un promedio de hasta cinco casos por institución cada año. La problemática ha sido confirmada por personal académico y rectores, quienes destacan que este fenómeno está directamente relacionado al aumento en la matrícula escolar.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) ordenó a las instituciones educativas recopilar información sobre los alumnos afectados y proporcionar, en la medida de lo posible, datos sobre las instituciones o domicilios falsos, aunado a que la instancia federal retiene los documentos ilegales. El objetivo es emprender acciones legales contra quienes falsifican documentos.
Presentar un certificado falso ya no solo implica la invalidación de materias; ahora, se busca levantar denuncias penales, un delito sancionable con prisión de cuatro a ocho años y multas de doscientos a trescientos sesenta días.
La Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior del estado a su vez ha establecido pautas específicas para identificar un certificado falso, desde el gramaje del papel hasta la autenticidad de los sellos y la verificación de los sitios web de las presuntas instituciones. El problema se ha agravado aún más, ya que ahora se presentan más solicitantes con documentos de otros estados del país con la intención de engañar a las autoridades educativas.
Personal de servicios escolares de la Universidad República de México, Marista y Del Sur advierten sobre un nuevo requerimiento de la SEP para entregar datos de alumnos con documentos falsos, ya que se iniciarán acciones legales por este delito.
El sistema de validación ha mejorado con la tecnología, pero los intentos de burlar este requisito son más sofisticados hasta el robo de identidades. Los controles escolares se han vuelto más efectivos, y los procedimientos de verificación se hicieron más rigurosos.
Sin embargo, los estudiantes han respondido de manera igualmente sofisticada, desconociendo la falsedad de sus certificados y recurren a dramatizaciones o incluso amenazas de demandas cuando se les informa que las colegiaturas y las inscripciones a la universidad no serán reembolsadas debido a la falta de la constancia veraz de bachillerato concluido.
En la misma línea, Felipe Ortiz Compañ, rector de la Universidad Privada de la Península, confirmó en entrevista que existen instrucciones específicas para abordar esta problemática. Revela que entre las instituciones privadas de educación superior en el estado (89 en total) se registran hasta cinco casos en promedio en cada ciclo escolar.
Aunque esta cifra podría parecer menor, la realidad es que se ha duplicado en los últimos dos años, pasando de un promedio de 1.5 a 2 casos a la actual cifra de cinco casos.
Las autoridades educativas, conscientes de la gravedad de la situación, están tomando medidas para abordar este problema de manera efectiva. La SEP ha instado a las instituciones educativas a colaborar en la identificación de casos y proporcionar información detallada para facilitar acciones legales. Se espera que la implementación de medidas más rigurosas de validación y verificación de documentos contribuya a disuadir a aquellos que intentan falsificar certificados.
La Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR) dispone mediante el sitio www.sirvoes.sep.gob.mx la relación de Instituciones Particulares y sus programas educativos, a los que la SEP y las autoridades educativas estatales han otorgado y retirado los RVOES.
