La agrupación The Trevor Project dio a conocer los resultados de la Encuesta 2024 sobre la Salud Mental de las Juventudes LGBTQ+, en los que se expone que Yucatán está entre las entidades que reportaron las tasas más altas de amenazas o sometimiento por parte de los Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual o Identidad de Género (ECOSIG) o también llamadas “Terapias” de Conversión, y que son una amenaza seria a la salud mental de este sector de la población.
Esta encuesta se llevó a cabo entre más de 10 mil personas jóvenes LGBTQ+ de México con edades entre 13 y 24 años, y se destaca que las regiones noreste, occidente y sureste, donde se ubica Yucatán, hay una alta tasa de prácticas ECOSIG, que son consideradas como discriminatorias, crueles, inhumanas y degradantes.
Un aspecto que muestra lo grave de este tema es que, a nivel nacional, las personas jóvenes LGBTQ+ que fueron amenazadas o sometidas a “terapias” de conversión tuvieron casi el doble de intentos de suicidio el año pasado.
“Esto resulta particularmente preocupante en el estado de Yucatán, que en 2023 ocupó el segundo lugar con la tasa más alta de suicidios en el país, 9.6 por cada 100 mil, de acuerdo con el INEGI”, señala la agrupación.
Los datos revelan que, a nivel nacional, más de la mitad de las juventudes LGBTQ+ contemplaron seriamente el suicidio durante el mismo período, según los resultados de la encuesta.
Edurne Balmori (ella), directora ejecutiva de The Trevor Project México, señaló que las tasas alarmantes de amenazas y sometimiento a las mal llamadas “terapias” de conversión en Yucatán exigen una respuesta inmediata.
“Es imperativo abordar de manera integral la salud mental de nuestras juventudes LGBTQ+, desde las instituciones gubernamentales hasta nuestras comunidades locales. La educación juega un papel fundamental en la erradicación de estas prácticas dañinas, y es esencial crear un entorno donde cada juventud diversa pueda vivir sin miedo ni discriminación”, dijo.
Cabe señalar que Yucatán está entre los 18 estados que prohíben oficialmente los ECOSIG, pero se presume que aún existen estas prácticas de forma clandestina, por lo que evidencia la encuesta.
Fue en septiembre del año pasado, luego de dos años, que el Congreso estatal aprobó la reforma al Código Penal del Estado de Yucatán que prohíbe las mal-llamadas “terapias de conversión” y de un amparo, que finalmente se publicó en el Diario Oficial del Estado.
Con esta reforma se adicionó al Código Penal el capítulo VI Bis denominado “Terapias de conversión” y se establece que se aplicará sanción de uno a tres años de prisión y de cien hasta doscientos días multa a quien imparta, obligue, permita, consienta o aplique sobre una persona terapia, método, tratamiento o actos tendientes a anular, obstaculizar, modificar, menoscabar o reprimir el libre desarrollo de la personalidad, orientación sexual, identidad sexual, expresión o manifestación de género de la víctima mediante violencia física, moral o psicoemocional que atenten contra la dignidad humana, aunque no cause daño físico o angustia psicológica.
Se aumentará al doble la sanción a que refiere el presente artículo cuando el sujeto activo sea la madre, padre, tutora o tutor, curador, parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado, profesional de la salud, psicólogo, psiquiatra o ministro de culto.
Si la conducta se lleva a cabo en agravio de menores de edad, incapaces, adultos mayores, sujetos privados de libertad o, en general, con personas que por cualquier circunstancia no pudieran resistirse, la pena señalada en el párrafo anterior se aumentará en una mitad más.
