CODHEY busca frenar al Poder Judicial, advierte vicios de inconstitucionalidad
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) alertó que la reforma aprobada el pasado 28 de marzo por el Congreso del Estado que, entre otras cosas, le otorga al Poder Judicial la facultad de elegir a sus propios magistrados, adolece de vicios graves de inconstitucionalidad que ponen en riesgo el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, al principio de división de poderes y de independencia judicial.
Por ello, anunció que promovió una impugnación en contra de las reformas a la Constitución del estado y a la Ley del Poder Judicial que hizo el Congreso estatal, a través de un mecanismo de control constitucional para obtener la suspensión del procedimiento legislativo y frenar la publicación del decreto impugnado, ya que aun no se publica en el Diario Oficial del estado.
Cabe recordar que el pasado jueves 28 de marzo el Congreso aprobó las reformas en cuestión, pero la CODHEY señala que serían inconstitucionales, tal como en la sesión del pleno lo manifestaron diputados y diputadas.
El organismo dijo que presentó la impugnación en pleno ejercicio de su autonomía constitucional y por considerar de interés social que en Yucatán deben prevalecer los derechos humanos, el estado de derecho y el equilibrio entre las relaciones de los poderes públicos.
“Se promovió un mecanismo de control constitucional local en contra del proyecto de reforma a la Constitución Política del Estado de Yucatán y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, la cual fue presentada por la Magistrada Presidenta del TSJY y aprobada por el Pleno del Congreso del Estado el pasado jueves 28 de marzo”, señala.
Este mecanismo, añade, se denomina Control Previo de Constitucionalidad y fue presentado ante el propio Tribunal Superior de Justicia; ya que es el mismo Tribunal Superior que se erige para conocer este tipo de asuntos como un Tribunal Constitucional Local de conformidad con la Ley de Justicia Constitucional del Estado de Yucatán.
Dijo este recurso implica una revisión previa sobre la probable inconstitucionalidad del decreto aprobado por el pleno del Congreso, hasta antes de que cobre vida jurídica, es decir, antes de su publicación.
La CODHEY busca, de primera instancia, obtener la suspensión oficiosa del procedimiento legislativo, para frenar la publicación del decreto impugnado; y posteriormente que el Tribunal Constitucional Local se pronuncie sobre el fondo del asunto, es decir, la inconstitucionalidad del mismo.
Añade que la dependencia estará vigilante de que se garantice la protección de los derechos humanos y lo no regresividad de los mismos.
