Legisladores aprobaron los dictámenes para elevar la atención del personal de educación contra la violencia de los menores en las escuelas, crear la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, acrecentar los escoltas y recursos de los funcionarios estatales a quienes se les asignan y cambios para crear la Policía Especializada en Investigación Ministerial.
En lo referente a las modificaciones a la Ley de Educación y el Código Penal, que propuso Alejandra Novelo Segura, con ello pretenden conseguir una mayor atención del personal a la violencia contra niños, adolescentes y jóvenes en los planteles.
Además de plantear la negativa a utilizar las denuncias por violencia contra niños, adolescentes y jóvenes, o la atención de las mismas, como una evaluación negativa de las escuelas.
Al mismo tiempo, contempla disuadir a que el personal educativo y las autoridades escolares oculten o encubran las situaciones de violencia de su conocimiento, más cuando constituyen delitos, para lo que se plantean sanciones de la propia Ley de Educación local y en el Código Penal.
HABRÁ SANCIONES
Además, proponen adicionar como infracción por no combatir, prevenir y erradicar la violencia en el entorno escolar y no notificar a la autoridad competente de delitos que pudiesen resultar de dichas acciones, cuya sanción es la revocación de la autorización o el retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios correspondiente, así como la culminación de la relación laboral inmediata.
Proponen el castigo de prisión de tres a seis años y multa de 250 a 500 días para el personal educativo que oculte la comisión de alguno de los delitos sexuales, con dos agravantes, cuando se tenga conocimiento del delito, no se denuncie siendo la personas una autoridad escolar se aumentará la pena en un tercio, o que el agresor sea familiar hasta el cuarto grado del personal educativo y este no denuncie, la pena citada se agrava en dos terceras partes.
LEY DE SEGURIDAD
Las reformas a la Ley de Seguridad sobre el número de escoltas, a propuesta del legislador de Nueva Alianza, Crescencio Gutiérrez González, establece robustecer el servicio a las autoridades con tareas destacadas, como titulares del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y de las direcciones de los centros de reinserción social y de aplicación de medidas para adolescentes.
También la iniciativa se extiende incluso hasta cuando han dejado el cargo, pues los efectos de sus decisiones sobre los intereses de los particulares continúan aun cuando ya no ejercen funciones públicas, enfrentando constantemente riesgos a su integridad.
Con ello establecen mayores elementos para prestar el servicio, así como las unidades vehiculares destinadas a este; agregar el supuesto de servicio de escolta fortalecido en caso de que la persona solicitante ejerza un nuevo cargo público o de elección popular y de las facultades para realizar los actos administrativos necesarios para ello e incluir viáticos y gastos.
Mientras que de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción proponen la ley orgánica para establecer sus normas administrativas y operacionales, como la integración de un órgano de control interno y otros asuntos.
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