Garantizan reformas salud mental de las infancias
El Congreso estatal aprobó reformas a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a fin de integrar la definición de “salud mental”, lo que obligará a las autoridades a realizar acciones que garanticen mayor seguridad para la niñez y adolescencia en Yucatán.
En la sesión de pleno, la diputada Carmen González Martín destacó que dentro del catálogo de definiciones de ley se agrega lo que se entiende por salud mental y también se agrega dentro de las obligaciones de las autoridades, el determinar las acciones necesarias para garantizar el nivel más alto posible de salud de las niñas, niños y adolescentes.
De igual manera, dijo, plantea adicionar entre sus atribuciones que la Secretaría de Educación garantice dentro del sistema educativo estatal la educación emocional como una herramienta adecuada en materia de salud mental en las niñas, niños y adolescentes.
Lo anterior implica implementar instrumentos que favorezcan el desarrollo de la inteligencia emocional y su aplicación en las situaciones cotidianas y por extensión el fomento de actitudes positivas ante la vida y el aprendizaje, sobre todo de habilidades sociales y de escucha, de mediación, empatía, entre otras, como factores importantes y primordiales en el desarrollo de bienestar individual y comunitario.
“En síntesis, estas reformas que hoy se proponen establecen que se promueva la salud mental de las niñas, niños y adolescentes en el estado a través de las autoridades estatales y municipales y las demás autoridades competentes con actividades educativas, socioculturales y recreativas que contribuyan a la salud mental, preferentemente en la infancia y en la juventud, así como de orientaciones para promoción y programas de prevención en el uso de sustancias que puedan causar alteraciones mentales o dependencias”, expuso.
Como parte de los asuntos del día, se dio lectura al oficio de separación del cargo de gobernador de Mauricio Vila Dosal y de que su lugar ya fue tomado por la abogada María Fritz Sierra, quien queda como encargada del despacho.
Se dio entrada y se envió un oficio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual se establece que el Congreso estatal deberá llevar a cabo foros para personas con discapacidad y así subsanar la inconstitucionalidad en la que incurrió la pasada Legislatura al no convocar a este sector cuando se hicieron modificaciones a la Constitución en materia de contrataciones.
